Ni el gobernante más sabio puede prescindir de la ley porque la ley es más excelente: es “la razón sin pasión.”
Recordemos lo que decía Cicerón sobre la historia: El hombre que no conoce su historia, siempre
será un niño.
Bien, pero volviendo al planteamiento primigenio de
este post… La Ley emanada del Derecho y éste a su vez de la soberanía, que en
democracia solo puede ser la que nace de la voluntad popular, es la que da la
legitimación a estas instituciones. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero
supongamos que esa legitimación es oblicua al comportamiento de estas
instituciones, supongamos que de algún modo hallan la manera o el subterfugio
de hacer u omitir aquello que no deben hacer jamás, ir contra lo que les
legitima, esto es, la Ley y por ende el pueblo, el ciudadano. De tal suerte que
el ciudadano cae inocentemente en semejante engaño. Entonces, en este caso,
¿qué ocurre? Se deslegitima la institución automáticamente o por el contrario
al no ser consciente la fuente de legitimación, no sucede nada y todo sigue tal
cual hasta que la deslegitimación desaparezca o se convierta en legal y de
derecho.Muchos pensarán que el Estado de Derecho tiene mecanismos para evitar que esto ocurra, por ejemplo acudiendo al contencioso-administrativo o incluso, por qué no, al Tribunal Constitucional. Y efectivamente esto es así, pero ¿y si estos mecanismos también fallan? Alguno dirá, “no puede ser, eso es imposible”
Pues bien, yo voy a poner un ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza:
Con la tan traída y venida Ley de Reforma Laboral
del 2012 a la que tanto han criticado algunos, sobre todo los sindicados. Resulta
que una de las grandes críticas es el hecho de que la administración ya no forme
parte activa, sí pasiva como siempre, a la hora de participar y decidir en la aprobación
o no de los EREs de las empresas privadas. Esta crítica podría ser legítima en
una autarquía, lógicamente, pero no en un Estado Democrático de Derecho como es
el nuestro, donde existe una “supuesta” separación de poderes. ¿Cómo es posible
que la administración sea juez y parte en una decisión privada? Los conflictos
intersubjetivos deben ir irremisiblemente dirimidos o bien por el sistema de
autocomposición o bien por el sistema de heterocomposición y si es este último
el caso, habrá de ir por la vía del arbitraje o por la vía jurídica. Es decir,
en el caso concreto de un ERE, y hablando de la Reforma Laboral, lo que la Ley
dice es que bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo las partes,
Representación de trabajadores y empresa, se reunirán para tratar de llegar a un
acuerdo (autocomposición), si no se llegase a un acuerdo entre las partes o se observas
mala fe en una de éstas, se tendrá que acudir al tribunal competente (heterocomposición),
para que sea el que dirima el conflicto.
Por todo esto parece evidente que es el actual
sistema y no el anterior el correcto, pues, indiscutiblemente la soberanía de
la que emana el poder del Estado, tuvo a bien otorgar al poder judicial la
potestad a la hora de decidir en todos y cada uno de los posibles conflictos
que puedan darse en la sociedad civil y muy concretamente en su parte privada.
En ningún caso al poder Ejecutivo o Legislativo, pues se estaría rompiendo el
principio de separación de poderes, con el Gobierno de turno podría actuar a su
libre albedrío en función de sus intereses partidistas y no en función del bien
común de empresa y trabajador.Concluyo pues, llegando al razonamiento inequívoco de que la respuesta a mi inicial pregunta respecto de quién legitima los actos de las instituciones si éstas no cumplen con su obligación o con su papel, ya sea por acción o por omisión, y cuando los mecanismos ideados para vigilar que aquello no ocurra, fallan estrepitosamente. La respuesta es, como hemos razonado, nadie. Simple y llanamente se soluciona con el tiempo sin necesidad de justificar los actos anteriores o reponer el posible daño causado. Esto es obvio que no debería suceder jamás, no obstante ocurre con asiduidad. Es más, puede ocurrir, como ahora sucede con los sindicatos de trabajadores, más bien poco democráticos de nuestro país, que alguna institución aún pretendan reclamar que se continúe haciendo algo meridianamente erróneo por no decir contra legem y contra la necesaria separación de poderes.
Termino como comencé, recordando a Aristóteles:
…es
peligroso que el poder no se halle regulado por las leyes y que esté exento de
toda responsabilidad; pedir cuentas a los gobernantes es un principio saludable
para evitar la corrupción del poder y el enriquecimiento en el ejercicio del
cargo.
Y yo me permito añadir, que es muy peligro que las
instituciones no estén bajo el imperio de la Ley y que además sean capaces, sin
que suceda nada contra ellas legalmente, de saltarse el Derecho Constitucional
e incluso que con posterioridad continúen haciendo apología anticonstitucional,
algo que por desgracia parece ser muy común en nuestros días dentro de nuestras
fronteras. Como ejemplo sangrante tenemos a Arturo mas y sus delirios de rey
absolutista del siglo XVIII.
